Reportaje Especial de Cambio21. El humo negro de las tabacaleras en Chile: En plena pandemia intentaron que sus dispositivos electrónicos fueran aprobados

---

• 01 febrero 2022

Por Cristián Bustos

• Una investigación realizada por la organización “Chile Libre de Tabaco” reveló el contenido de una audiencia realizada en agosto de 2020, en el peak del Covid-19 en que BAT Chile quiso iniciar la venta de sus nuevos productos sin cumplir la ley.
  Chile es el país más fumador de América Latina y la edad de inicio del consumo es 13,9 años.

Fue el 20 de agosto de 2020, en uno de los peores momentos de la pandemia en nuestro país por el COVID-19, cuando representantes de British American Tobacco Chile (BAT Chile), se atrevieron a superar la imaginación, manifestando su “desacuerdo con que el producto (tabaco calentado) esté catalogado con régimen de producto farmacéutico”.

La insólita declaración, agregó que Chile es uno de los pocos países en los cuales ese dispositivo está clasificado de esa forma. “En otras partes está regulado de manera específica para productos con nicotina”, argumentaron las representantes de BAT Chile, Dafne Guerra y Ariela Agosin.

En la audiencia, solicitada por ley de lobby, la tabacalera que prácticamente monopoliza el comercio de cigarrillos en Chile (93% del mercado) se reunió con Juan Alberto Roldán y otros profesionales del Departamento de la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, del Instituto de Salud Pública (ISP), para solicitar que su producto de tabaco calentado llamado Vype EPEN 3 KIT, fuese autorizado para su uso, sin cumplir con la norma vigente que declara a todos los dispositivos electrónicos de tabaco como productos farmacéuticos, ya que poseen nicotina.

Las representantes de BAT Chile, dijeron haber presentado una solicitud para obtener registro sanitario, pero acusaron que “es muy difícil cumplir con los estándares de un producto farmacéutico”, por lo cual fue rechazada. Por esa razón, su propuesta era que el Vype EPEN 3 KIT fuera autorizado pasando por encima de la norma que lo regula. Incluso recomendaron al ISP evaluar información nueva, pues -según BAT Chile-, “la Organización Mundial de la Salud ha
cambiado el criterio en las regulaciones de estos productos “.

La jefa de la Unidad de Régimen de Control Sanitario y Medicinas Complementarias del ISP, Mirtha Parada, señaló en la audiencia que se ha clasificado reiteradamente los cigarros electrónicos con nicotina como productos farmacéuticos y que la OMS y FDA han declarado distintos efectos adversos de este tipo de cigarros por el propilenglicol que incluyen.

“El producto está clasificado como farmacéutico por tener nicotina”, dijo Parada. Los profesionales del ISP fueron enfáticos en señalar que la solicitud no pasara por un comité de expertos por la resolución exenta 2994 de 2010, tal como indica el artículo 8 y 9 del Decreto Supremo 3 del Ministerio de Salud.

Tabacaleras y políticas públicas

Una investigación realizada por la organización “Chile Libre de Tabaco” y la Mesa Ciudadana “Tabaco o Salud”, detectó múltiples acciones de la industria tabacalera con autoridades, científicos y medios de comunicación para favorecer su negocio sin respetar las normas vigentes.

Chile es uno de los países latinoamericanos con alta interferencia de las empresas tabacaleras en sus políticas públicas. El Índice de Interferencia de la Industria Tabacalera (IIIT) en su versión 2020 señala que Chile es el cuarto país más afectado por esta estrategia, ubicándose detrás de Colombia, Ecuador y Argentina.

En el año 2021 este indicador mejoró levemente por la pandemia, pues no fue posible detectar todas las actividades que la industria realizó en su beneficio. Es muy posible que las audiencias solicitadas por la ley de lobby y transparencia hayan sido menores a los contactos extraoficiales realizados, ya sea telefónica o presencialmente.

Se entiende por interferencia de la industria tabacalera (ITT) a toda acción explícita o encubierta de las empresas productoras de tabaco, dirigida a autoridades y personas influyentes, que busca incidir en las políticas y decisiones de éstas, en favor de los intereses económicos de las compañías tabacaleras, sin considerar los daños que estos productos causan a la salud de quienes los consumen.

Algunos ejemplos de interferencia

El proyecto de ley del tabaco que incorpora empaquetado genérico, prohibición de aditivos y de exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta, demoró su tramitación en la comisión de agricultura de la Cámara de Diputados más de 3 años, debido al cabildeo de la industria.

Durante la pandemia, la industria hizo circular una noticia sobre la posible vacuna contra COVID-19 producida por empresas tabacaleras. Quien fuera presidente del Banco Central y ex Canciller en la dictadura cívico militar, Hernán Felipe Errázuriz, un reconocido fumador y asesor del Instituto Libertad y Desarrollo -entidad que en 2012 recibió fondos de BAT Chile- escribió una columna en el diario El Mercurio, difundiendo falsas pruebas de que el tabaco era positivo para la evolución del COVID-19. Obviamente que sus fundamentos carecían de toda validez científica, pero muestra el
grado de influencia que tienen las tabacaleras para crear opinión, aunque sea sobre la base de falsedades.

El lobby de las tabacaleras con altos funcionarios públicos afecta a representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Servicio de Impuestos Internos, SERNAC, ISP y parlamentarios y busca promocionar los cigarrillos electrónicos y de tabaco calentado como nuevos productos de menor riesgo de daño a la salud de las personas, lo que es falso.

Otro de los objetivos es obstaculizar y dilatar la renovación de las advertencias sanitarias de los productos de tabaco, retrasar la entrada en vigencia de la trazabilidad de los productos de tabaco y presionar para obtener un trato ventajoso en la aplicación de impuestos a los “nuevos productos de tabaco” que están ingresando al país.

También intenta transgredir la prohibición de publicidad de productos de tabaco, solicitando espacio para la “debida información” a los consumidores. Ha sido partícipe frecuente en el financiamiento de actividades oficiales de Gobierno como (APEC CEO Summit 2019) a realizarse en Chile entre el 14 y 16 de noviembre, previo a la Cumbre de Líderes APEC, evento que finalmente fue suspendido, debido al estallido social.

Así, la industria tabacalera usa su influencia política y económica para debilitar, retrasar y acabar con las leyes de control del tabaco alrededor del mundo. Las compañías de tabaco no descansan en sus intentos por boicotear estos avances pues saben que, con ellos, están perdiendo su principal fuente de clientes: los jóvenes y adolescentes.

LA REALIDAD DEL TABAQUISMO EN CHILE

a) El 16% de todas las muertes en Chile son atribuibles al tabaco.
b) 19.096 personas al año fallecen por causas relacionadas al tabaquismo (54 personas en
promedio por día).
c) Las enfermedades provocadas por el tabaquismo representan el 9,1% de todo lo que el
país gasta por año en salud.
d) $1.548.684 millones es el gasto directo por año en la atención de las enfermedades
relacionadas al consumo de tabaco. (atención médica y tratamientos en centros de salud y
hospitales.)
e) Cada fumador/a pierde en promedio 5,6 años de vida, solo por fumar.
f) El consumo de cigarrillos electrónicos se duplicó en adolescentes entre 2014 y 2016.
g) La edad promedio de inicio del consumo de tabaco en jóvenes es de 13,9 años.
h) Chile es el país más fumador de América: 1 de cada 3 personas mayores de 15 años fuma.
i) Lo que se recauda hoy por impuestos al tabaco, apenas cubre el 30% de todo lo que el país
gasta debido al tabaquismo.

DOCTORA LIDIA AMARALES EXPERTA EN TABAQUISMO: “NO SE HA ABORDADO COMO POLITICA PUBLICA LA REHABILITACION EN PERSONAS QUE TENIENDO ESTA ADICCION QUIEREN ABANDONARLO”

La industria tabacalera ha logrado desde el 2014 frenar que Chile firme el protocolo de comercio ilícito que permitiría regular el contrabando de cigarros.

“Como Mesa Tabaco Salud logramos que el ministerio de Salud implementara la cesación tabáquica como parte de la Ley del Cáncer”.

La doctora Lidia Amarales Osorio (foto arriba, UCh) es especialista broncopulmonar infantil y experta en tabaquismo. Ex Subsecretaria de Salud actualmente se desempeña como subdirectora Académica del Centro Asistencia Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes y es directora de Respira Libre, una entidad privada que participa en la Mesa Tabaco Salud.

Pregunta: La prevención y la rehabilitación, son las tareas principales para evitar –no sólo el tabaquismo- sino también las drogas, el alcoholismo. En cuanto a los cigarrillos, pareciera que la prevención está dando resultado; en cambio, en la rehabilitación se ven varias patas cojas, sobre todo, en los consultorios públicos de salud y en los mismos hospitales.

Respuesta.- Hemos avanzado gracias a las políticas que hemos tenido en el país con la Ley del Tabaco del 2005 y las del 2013. Esto ha significado desde el punto de vista de la prevalencia una disminución de un 29% de tabaquismo en la población en general y hemos bajado de un 43,6% a un 31,3% la prevalencia mes. La disminución en la población escolar es de un 63,1%, es decir, de un 42% a un 15,1% la prevalencia mes, lo que es muy significativo y demuestra que las políticas basadas en esos dos proyectos de ley más el aumento de impuestos han tenido un impacto en la incidencia
del consumo.

Lo que no se ha abordado como política pública es la rehabilitación es decir el tratamiento de tabaquismo a las personas que teniendo esta adicción quieren abandonarlo. En el primer gobierno de Piñera fuimos como Mesa de Tabaco Salud al Consejo Consultivo Auge para que esta política pública estuviera incluida como una Garantía Explícita y que cualquier persona que quisiera hacerse un tratamiento pudiera acceder a él. El Consejo Consultivo que es el que dicta los lineamientos de estas patologías que iban a entrar al Auge en alguna oportunidad lo priorizó, pero el entonces ministro Jaime Mañalich dijo que no fuera priorizado e incluido como patología Auge, siendo que el 65% de las enfermedades que están en el Auge tienen como factor de riesgo el tabaco que es la manera de poder disminuir este tipo de patologías.

Dentro de la Ley de Cáncer que fue promulgada, sabemos la incidencia alta que el tabaco tiene en casos como el cáncer al pulmón, garganta y otros, no se había incluido la cesación tabáquica como una política a realizar y solo se consideró el daño que provoca. Es decir, medicamentos, mayores controles y equipamiento para los tratamientos, pero no se consideró el factor de riesgo principal que lleva a que las personas tengan cáncer como los es el tabaco. Como Mesa Tabaco Salud logramos que el ministerio de Salud implementara la cesación tabáquica como parte de la Ley del
Cáncer. La cesación del tabaquismo debiera estar instalada en la atención primaria de salud y a pesar de los impactos positivos que han tenido estas acciones focalizadas, no hemos logrado que la cesación del tabaco sea una oferta universal.
Desde la mesa Tabaco Salud hemos impulsado al estado de Chile, para que firme el Protocolo de Comercio Ilícito que debería haberse firmado y que está paralizado desde el año 2014, en los escritorios de los distintos ministerios (RR.EE., Salud, Hacienda,) y hemos presionado a través de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para que firme este protocolo que es una manera de regular el contrabando ilegal de cigarros aunque no se ha logrado hasta ahora.

Por un lado, la industria tabacalera habla del contrabando y por detrás hay manos moras que hacen que este protocolo Chile no lo ratifique como parte del convenio marco de una política de control del tabaco, que es una política internacional que estuvo entre los temas abordados en la última COP.

P.- ¿Comparte las recientes medidas tomadas por Nueva Zelandia?

R. Las comparto absolutamente, porque creemos que las políticas regulatorias son muy importantes. Nueva Zelandia tiene un problema de tabaquismo de un 30% sobre todo en la población nativa que es también la más pobre. Si lo comparas con Chile, la población más pobre es la más fumadora y la que menos ha sido impactada por estas políticas públicas y que menos ha disminuido el consumo del tabaco. Entonces para seguir avanzando claramente se tienen que ir
haciendo nuevas normativas que permitan bajar la incidencia y la prevalencia del tabaquismo, que está asociada a la edad de inicio, la publicidad y varias de las medidas que ellos están implementando porque son el país que ha iniciado las políticas más avanzadas y son un ejemplo para nosotros para incluirlas en las próximas legislaciones. Tabaco, alcoholismo y drogas duras

P.- ¿Está asociado el tabaquismo al consumo de alcohol?

R.- Una de las cosas que uno ve en las personas dependientes del tabaco es la asociatividad muy fuerte que se produce en el consumo de alcohol y tabaquismo. Está asociado tanto a su dependencia sicológica y dependencia social. Hay una investigación de Erick y Denisse Candel en que el alcohol es la puerta de entrada a la nicotina. Hay otra investigación de Medina y Mora que muestra que preceden a otros consumos de drogas más duras como son la marihuana y la cocaína.

Lo que nosotros vemos en Chile que tanto el consumo de tabaco y alcohol se inicia en forma precoz más o menos a los 13 años. Esa asociatividad los lleva a caer rápidamente en dependencia porque los niños están aun con su neuro desarrollo, es decir, todavía el sistema neurológico y cerebral no ha terminado de desarrollarse. La dependencia a esa edad es muy corta entre el momento en que comienza el consumo y se cae en la dependencia síquica y biológica. Los estudios muestran en la gran mayoría de los pacientes adictos al tabaco que su consumo está asociado al alcohol y por ello es más difícil y cuesta más hacer un tratamiento de cesación. En los tratamientos a los pacientes se les indica que deben dejar de disminuir la ingesta de alcohol para bajar el consumo de tabaco.

P.- ¿Es posible producir cigarrillos sin los productos tóxicos que hoy contienen?

R.- Es imposible producir cigarrillos sin los productos tóxicos que contiene. El cigarrillo per sé y el tabaco contiene nicotina que es uno de los elementos más nocivos. La nicotina es la que produce la adicción biológica y física y produce además una vasoconstricción severa que es otro de los grandes daños que causa al producir una disminución de la irrigación que es la llegada de oxígeno a los órganos en general y principalmente a los órganos nobles como el corazón, pulmones y cerebro. Cigarrillo es sinónimo de hojas de tabaco que significan nicotina, no serían cigarrillos.

Se necesita un compromiso fuerte, claro y sostenido de cortar la influencia indebida de la industria en todas las dependencias públicas, incluidos los organismos fiscalizadores de áreas y sectores en donde las empresas tabacaleras actúan.

---

Por: Guillermo Paraje, Economista

---

La llegada de un nuevo gobierno implica una necesaria renovación de nombres al frente de reparticiones públicas. Esto traerá cambios en políticas, enfoques y prioridades. También implicará un esfuerzo renovado de agentes económicos por influir sobre las personas a cargo de diseñar, implementar y fiscalizar regulaciones a actividades económicas.

El lobby es legal y está regulado en Chile, pero existe un sector en el que se han tomado compromisos internacionales para eliminar ese lobby e impedir que se “cuele” en las políticas públicas: el tabaco. El Convenio Marco ratificado por Chile en 2005 llama a los países a impedir que los intereses de la industria tabacalera prevalezcan por sobre la salud de la población. Tabaco y salud jamás van de la mano y cualquier avance de la industria tabacalera es un retroceso de la salud pública y una pérdida de bienestar social.

Aunque debiera evitarse, el lobby tabacalero es descarado y rampante. Se ha visto con visitas de un ex-primer ministro español (José María Aznar) al ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, o con las numerosas audiencias con parlamentarios entre los años 2018 y 2021.

El efecto de ese lobby se ha visto, por ejemplo, en la escandalosa demora y tratamiento que ha tenido el proyecto de reforma a la Ley de Tabaco que estuvo tres años sin ser tratado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados (¿Por qué este proyecto que no tiene nada que ver con Agricultura fue pedido por esa Comisión?) y luego fue rechazado para comenzar de nuevo un largo periplo por la Cámara. Ese proyecto fue presentado en 2015 y aprobado por el Senado en 2018. Desde entonces, ha encontrado una traba tras otra en la Cámara, producto de la interferencia de la industria tabacalera que ha sido más escuchada que la sociedad civil o las sociedades científicas.

Ese lobby abierto, que está regulado por ley, es solo la punta del iceberg de uno mucho más sutil, más oculto y sin ningún control, que se realiza sobre instituciones claves. Así, por ejemplo, el Servicio Nacional de Aduanas reconoce en sus documentos que le pide asistencia técnica a la British American Tobacco (BAT) en temas de comercio ilícito de cigarrillos o que, ante la ausencia de estudios propios, toma las estimaciones de contrabando de la BAT Chile como válidas. Esto implica confiar en una multinacional que ha sido investigada y condenada por contrabando en otros países. Es, literalmente, preguntarle al zorro sobre cómo proteger a las gallinas.

Otro ejemplo: el Servicio Nacional de Aduanas, el SII, Carabineros, PDI y otras dependencias estatales se sientan en la misma mesa con BAT Chile en el llamado “Observatorio de Comercio Ilícito” creado y conducido por la Cámara Nacional de Comercio. ¿Resultado? Las cifras de contrabando de cigarrillos que BAT Chile entrega -exageradas respecto de estudios independientes- son las mismas que estas instituciones del Estado asumen como verdaderas. Hay una confianza absoluta en lo que la industria tabacalera (subsidiaria de una empresa condenada por contrabando en otros países) les dice, lo que les da legitimidad -apoyada por el Estado- a su oposición permanente a las políticas de control del tabaco.

Hay decenas de situaciones similares que dejan de manifiesto el enorme poder corruptor que tiene este sector. Esta situación debería llamar la atención de las nuevas autoridades que deben velar por el bien común, que no incluye de ninguna manera a la industria tabacalera. Se necesita un compromiso fuerte, claro y sostenido de cortar la influencia indebida de la industria en todas las dependencias públicas, incluidos los organismos fiscalizadores de áreas y sectores en donde las empresas tabacaleras actúan. (Red NP)