En coloquio por cambios al sistema de trazabilidad de los cigarrillos
Los expertos en salud pública están alarmados por los cambios que introduce el proyecto de simplificación de la Reforma Tributaria al sistema de fiscalización de la industria del tabaco y del contrabando. Una señal de ello fue el encuentro que organizó ayer la Universidad San Sebastián. Hasta allí llegó el asesor de Hacienda, Rodrigo Ajenjo, quien decidió explicar la iniciativa, pese a no estar entre los panelistas. “No habrá un sistema de trazabilidad propuesto por las tabacaleras. Eso no va a ocurrir”, aseguró.
Una carta que se titulaba “Un caballo de Troya”, escrita por el economista experto en temas de salud de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Paraje, y publicada por La Tercera este martes, llamó la atención del asesor del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Ajenjo.
En dicha carta, el académico criticaba los cambios que introdujo el Proyecto de Simplificación a la Reforma Tributaria al sistema de trazabilidad fiscal sobre los productos del tabaco. “El proyecto en discusión abre la puerta para que las tabacaleras, una de las industrias más tramposas del mundo, se controlen a sí mismas”, señalaba este doctorado en la Universidad de Cambridge.
La desconfianza se generó porque en el proyecto de simplificación –que se aprobó ayer en la Cámara Baja– se deja abierta la posibilidad de que sea el Servicio de Impuestos Internos (SII) o las tabacaleras los que contraten el sistema que cuantificará el número de cigarrillos que produce cada empresa y que le introducirá una marca, la cual una vez que salga para la venta se activará, permitiendo al fiscalizador diferenciar entre una unidad que pagó los impuestos y una que entró de manera ilegal al mercado.
La carta preocupó al asesor del ministerio. Buscó los datos de Paraje a través de Google y se encontró con que al día siguiente este participaría en un coloquio llamado: «¿Lobby de la industria tabacalera en la Reforma Tributaria?”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, cuyo director es el ex ministro de Salud –durante la presidencia de Sebastián Piñera– Jaime Mañalich.
Además de Paraje, estaban invitadas como panelistas Lidia Amarales, ex directora del Senda y ex subsecretaria de Salud Pública bajo las administraciones de Michelle Bachelet, y Sonia Covarrubias, coordinadora de Chile Libre de Tabaco.
Los tres estaban alarmados por los cambios que el proyecto introducía, porque lo interpretan como un retroceso que amenaza con dejar la fiscalización al arbitrio de la industria del tabaco.
“En este tema todo lo que no es claro, es oscuro. Y hay motivos para ser suspicaces”, resumió Paraje. Y agregó: “Supongamos que la trazabilidad no se implementa en Chile o es aportada por las tabacaleras, lo que implica que el Estado no tiene información de primera mano. Se pueden producir cigarrillos trazables y cigarrillos que no lo son y venderlos ilegalmente. Después las empresas se quejarán de que hay mucho contrabando porque subieron los impuestos y, a partir de ahí, promoverán una discusión para bajar los impuestos al tabaco. Eso es lo que se está discutiendo acá. Esa es la forma en que operan las tabacaleras. Así ha operado en el Reino Unido, donde se ha comprobado que son las tabacaleras las que han fomentado ese contrabando”.
Con este diagnóstico en la mano, Sonia Covarrubias –la referida coordinadora de Chile Libre de Tabaco– señaló que “estamos pidiendo reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, pedimos ser escuchados por las comisiones de Hacienda y esperamos que nos escuchen porque, si no lo hacen, los denunciaremos. Creemos que la sociedad civil tiene derecho a expresarse sobre un sistema de trazabilidad. Es impresentable. Chile no puede dejar que el sistema de trazabilidad sea proporcionado por las tabacaleras. Es como dejar al zorro cuidando a las gallinas”, enfatizó.
Cifras extraoficiales señalan que el SII recaudó por impuesto a los cigarrillos cerca de $818.064 millones (real) en 2014, lo que implicó un alza de 0,3% respecto de 2013, es decir, unos US$ 1.430 millones al tipo de cambio promedio de ese año.
De acuerdo a un estudio que realizó Michel Jorratt para la CIAT, con datos de 2011, el ex director del SII estimó que la tasa de evasión en los cigarrillos se empinaba a 17,3%, lo que implicaba una pérdida fiscal total de US$ 527 millones.
Por eso, la Reforma Tributaria, que subió el impuesto específico de los cigarrillos, introdujo el sistema de trazabilidad para aumentar las posibilidades de fiscalización y su puesta en marcha comenzó a paso firme con un reglamento aprobado y las bases de licitación redactadas.
Se apuntó a un sistema de colocación de sellos o timbres en cada producto que se procesara en las líneas de producción y a su activación cuando saliera para su comercialización. Los costos de la implementación eran de cargo fiscal, pero los pagaban cada una de las empresas, para luego descontarlos de impuesto. La tabacalera era la que contrataba el servicio de trazabilidad al proveedor designado por el SII a través de la licitación.
Pero ya cuando el proceso estaba a punto de pasar la luz amarilla, el Ministerio de Hacienda reanalizó algunos obstáculos que le ponía la ley y que, de acuerdo a su evaluación, podía poner en peligro el proyecto completo.
Esto fue lo que explicó el asesor de Hacienda, Rodrigo Ajenjo, una vez que terminaron las intervenciones y comenzó el tiempo para las preguntas del público.
Lo primero que hizo Ajenjo fue asegurar a la audiencia que “el sistema de trazabilidad en el proyecto de simplificación de la Reforma Tributaria va a quedar igual o mejorado respecto al actual”. La segunda promesa que explicitó fue que «en ningún caso se adoptará un sistema de trazabilidad propuesto por las tabacaleras o propio de las tabacaleras. Eso no va a ocurrir”.
Este reglamento nace por el Protocolo de Acuerdo Político que se firmó en 2014 y que destrabó la Reforma Tributaria, el cual fue negociado en poco tiempo. “El análisis completo de la trazabilidad se fue desarrollando a lo largo de los meses, cuando se hizo el reglamento y se estudió la licitación. Ahí nos topamos con que era la tabacalera la que lo contrataba. De hecho, la ley dice que el pago es un crédito por los costos asociados a la implementación del sistema”, lo que quedó reducido, en la simplificación, a cargos adicionales extraordinarios.
Tal como está la ley aprobada, el SII no puede contratar a un proveedor, pues dice claramente que esto recae sobre la tabacalera. Eso para el ministerio es un problema y “por eso se introdujo que podía ser contratado por la tabacalera o el SII. Lo que estamos tratando de hacer es entregarle más facultades al servicio”, explicó Ajenjo.
Ante aquello, tanto Lidia Amarales como Paraje sostuvieron que la ley debía decir taxativamente que las tabacaleras no pueden proveer el sistema de trazabilidad, ya que el temor de ambos es que finalmente se acepte el mecanismo que la industria tiene para medir dicho seguimiento.
¿Por qué dice entonces contratado por el SII o por la empresa? “Porque este artículo rige en general para varios productos que tienen impuestos específicos en Chile, no solo para las tabacaleras. Habrá un reglamento de trazabilidad para el tabaco, pero también puede llegar a haber para los videojuegos o para los alcoholes”, argumentó Ajenjo, indicando que había que especificar las condiciones en el reglamento de cada producto.
Sin embargo, Lidia Amarales sostuvo que no se debe dejar la exclusión de las tabacaleras como materia de reglamento, porque “las tabacaleras ya han hecho lobby en la Contraloría en el pasado. La ley debe ser muy clara al decir que la trazabilidad debe ser hecha por una entidad externa”.
El otro factor que pesó para reestudiar nuevamente la reglamentación fue que el sistema de trazabilidad de la Reforma Tributaria habla de estampillas, sellos o bandas, lo que impide la implementación de nuevas tecnologías existentes en el mundo. Por eso, se optó en el nuevo proyecto por hablar únicamente de sistema de trazabilidad para englobar todo tipo de tecnología.
El tercer aspecto que Hacienda vio como negativo fue que la ley inhabilitaba al SII para ocupar mecanismos propios, pues no puede utilizar parte de sus sistemas, sino que debe contratar el desarrollo completo a terceros, lo que podría resultar más caro. Por ejemplo: podría haber una integración del sistema de factura electrónica con este nuevo desarrollo, que fue un aspecto que adelantó el subsecretario de dicha cartera, Alejandro Micco, a inicios de diciembre pasado.
El cuarto tema que se evaluó fue el tamaño de los actores que operan en el mercado, donde hay tres tabacaleras: BAT, que tiene el 94%; Philip Morris, que cuenta con el 4% y su producción es importada de Argentina; y Polo, que es muy pequeña. “Como esta (Polo) tiene un volumen bajo, había que obligar al proveedor a trabajar con Polo, lo que encarecía el sistema. Pero cuando contrata el Servicio de Impuestos Internos, este puede manejar de manera distinta el mercado”, añadió Ajenjo.
La penúltima complicación se generaba con las importaciones físicas. El sistema de estampillas implicaba que, cuando llegaban las cajetillas de cigarrillos a aduanas, había que abrir las cajas y marcar cada una de las unidades. Ajenjo graficó la dificultad, detallando que «Philip debe importar alrededor de 40 millones de cajetillas al año. Marcar eso era logísticamente complejo. Hay que pensar un mecanismo que pueda coexistir con el mercado real”.
Y un último argumento que los llevó a reestudiar el proceso fue que una de las empresas que aprobaba todos los requisitos y proveía del tipo de sellos que indicaba la ley, había sido acusada de corrupción en Brasil. Se trata de Sicpa, que fue acusada de soborno a funcionarios del Ministerio de Hacienda por unos US$ 32 millones en julio.
Fuentes cercanas a la empresa –que es proveedora de Casa de Moneda– señalan que, después de esta denuncia, no ha habido mayores informaciones. “Se trata de una industria oscura”, concluyó Ajenjo sobre este punto.
